La ley es legal aunque sea anticonstitucional.
Es un dogma constitucional inexcusable que toda ley deriva de la Constitución y que ninguna legislación puede estar en su contra y, menos aún, derogarla en sus principios. Que la ley es legal es una tautología tan absurda como sería también decir que la Constitución es constitucional. Lo que Moreno Sánchez quiso decir fue que la ley se imponía sobre la Constitución, lo aclaró él mismo, “por la fuerza de las circunstancias”.
El pasado 5 de febrero celebramos… ¿celebramos?, los primeros 91 años de la promulgación de la Constitución de 1917. La triste realidad es que poco o casi nada queda del espíritu que dio su personalidad social a la Carta Magna que entre otras cosas muchas vidas costo.
Tras cada acción de nuestro “armatoste legislativo”, queda más que por entendido, que (en conjunto con la camarilla que representa el Comandante Supremo del Fuerzas Armadas Mexicanas, Felipe Calderón), no ocultan, que uno de sus objetivos centrales es el desmantelamiento total de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, y lo que está aconteciendo en el país es un ejemplo claro de la embestida derechista, orquestada desde el gobierno. Tan solo las triquiñuelas públicas que hacen para justificar “que hay que privatizar los hidrocarburos”, son un espectáculo en el que estamos siendo testigos de cómo es una virtual derogación de la Constitución mediante leyes secundarias.
Durante los días de la represión del movimiento ferrocarrilero, en el primer año de gobierno de Adolfo López Mateos, el entonces líder del Senado Manuel Moreno Sánchez, acuñó una frase célebre: “La ley es legal aunque sea anticonstitucional”, ante la evidencia de que el gobierno estaba violando la Constitución en la represión indiscriminada de los trabajadores.
El concepto es lo que hoy nos interesa, aunque la frase haya sido dicha en otras circunstancias.
Ningún constitucionalista, de la categoría de Roberto González Molinar, ni ningún otro jurista afirmarían que la ley puede estar por encima de nuestra Carta Magna, más mediante la maniobra de la aplicación de “pseudo leyes secundarias” acaban por limitar la potestad constitucional, manejándose esta al antojo de quién disponga de los recursos requerido$ para su aplicación.
Es un dogma constitucional inexcusable que toda ley deriva de la Constitución y que ninguna legislación puede estar en su contra y, menos aún, derogarla en sus principios. Que la ley es legal es una tautología tan absurda como sería también decir que la Constitución es constitucional. Lo que Moreno Sánchez quiso decir fue que la ley se imponía sobre la Constitución, lo aclaró él mismo, “por la fuerza de las circunstancias”.
La misma frase era una monstruosidad jurídica. Pero es algo que se ha venido haciendo: poner una ley, generalmente cocinada al vapor, por encima de la Constitución. Esta práctica “constitucional-oide” se ha venido realizando desde los tiempos del salinismo: Como ejemplo esta la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, que en su artículo tercero permite la generación de energía eléctrica por particulares para su “autoabastecimiento”.
- ¿A quién violamos?
- A la Constitución
- … ya no tiene por donde
Es evidente que -de acuerdo a la Carta Magna del ´17-, que la generación de energía es un servicio público según el artículo 27 constitucional, pero señala, de acuerdo a esta “Ley” el resto de lo generado va, de todas formas, al servicio público pues lo compra la CFE y ésta lo usa para venderlo a los usuarios. El hecho es que la misma generación de energía para el “autoabastecimiento” es, ya de por sí, un servicio público que se deja en manos de particulares. Ya no podremos alegar que extraemos petróleo en el patio de nuestras casas (si lo hubiera) sólo “para autoconsumo”.
Es todo un hallazgo: Mediante una ley secundaria se pueden establecer excepciones a la letra de la Carta Magna que ésta, en su propio espíritu, jamás admitiría. Así, se puede burlar cualquier institución constitucional, basta una ley que marque una excepción.
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Que el Legislativo este aprobando semejante clase de leyes absolutamente contrarias al espíritu y, sobre todo, a la letra de la Constitución, no es nada nuevo, es una raya más al tigre. Y no se puede acusar al Poder Judicial de la Federación de responsabilidad alguna al respecto, al menos que haya habido un caso de particulares puesto a su
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