Aceptan transportistas que contraprestación es para infraestructura vial y urbana
Urge renovación de unidades para darle seguridad a los usuarios y para disminuir la contaminación del medio ambiente. /// Cada año se incrementa 11 mil vehículos el parque vehicular en Cancún.
Ante señalamientos en contra de este Honorable Ayuntamiento por parte de empresarios del transporte público de una supuesta extorsión para mantenerles su concesión, el Gobierno Municipal se ve en la obligación de precisar que en ningún momento se ha pretendido incurrir en acto de corrupción alguno, y aclarar que al concluir los diez años del contrato, la autoridad municipal debe convocar a una licitación.
El presidente municipal, Francisco Alor Quezada, afirma que “bajo ninguna circunstancia podemos permitirnos corromper o pretender corromper a alguien”.
Hemos sostenido con los empresarios una relación cordial y de respeto. Les hemos dicho que llevan diez años con una concesión en la que no han pagado un solo peso; inclusive ellos emiten un comentario en el que aceptan que no han pagado y que no tienen por qué pagar, expone.
Sobre el tema del transporte público, las empresas que -de ser aprobado- logren entrar a la licitación y se les adjudique la explotación de las vías de comunicación de Cancún, tienen que pagar un derecho, el cual será destinado a la obra pública, y tendrá que quedar etiquetado, expresa.
Señala que en muchas partes del país se paga un derecho por esa explotación, por lo tanto, una prórroga como algunos empresarios en la materia piden, condenaría a los habitantes de Benito Juárez a seguir con un transporte que no satisface a sus necesidades.
Estimamos que la administración siguiente ejercerá ese recurso que representa aproximadamente un millón de pesos mensuales para obra, infraestructura urbana y mantenimiento de avenidas.
Ese dinero será etiquetado no para gasto corriente o proveeduría, sino para la obra que los mismos transportistas piden, para que sus camiones no se dañen, con el pretexto de que las calles tienen baches, mientras que ellos no cambian sus unidades.
En este sentido es preciso mencionar que conforme al estudio técnico emitido por la Dirección de Transporte y Vialidad, las empresas concesionarias han incumplido con los parámetros siguientes:
Más del 50% del Transporte concesionado, rebasa los 5 años de antigüedad que permite la Ley. La empresa Maya Caribe es concesionaria de vehículos denominados “combis” y a la fecha tiene “minibuses y microbuses”, además de que las empresas concesionarias no han hecho pago de derechos a las diversas administraciones públicas, a pesar de así contemplarlo en el título de concesión.
Cabe señalar que hace unos meses, el Banco Mundial y la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) calificaron a Cancún como una de las 14 ciudades con problemas urgentes según un estudio de “movilidad”, motivo por el cual urge renovar las unidades de transporte para garantizar la seguridad de los usuarios.
Además, es un añejo anhelo de los benitojuarenses el tener un transporte eficiente, cómodo, frecuente, moderno, que preste un servicio de choferes amables, respetuosos, “a la altura de una ciudad de primer mundo como lo es Cancún”, subraya el Alcalde.
Todos los cancunenses quieren un transporte urbano moderno, seguro y de buen precio; los trabajadores, los turistas, todos los ciudadanos lo merecen y ya no se debe permitir que circulen unidades con asientos rotos y oxidados que ponen en riesgo la salud de los cancunenses y que por la falta de mantenimiento contaminan, exponencialmente, el medio ambiente.
Al respecto, el estudio de la Dirección de Transporte y Vialidad establece que las empresas han obtenido ingresos extras por servicios de publicidad al grado tal que no permite identificar el vehículo, cobrando por ello una cantidad aproximada de 3 mil pesos mensuales por unidad, sin pagar los derechos correspondientes y violando las disposiciones previstas en el Reglamento de Transporte.
Asimismo las empresas transportistas determinan de motu-propio qué rutas cubrir, en qué horarios a su elección, incumpliendo con lo previsto en el título de concesión. En dos ocasiones y sin contar con autorización del cabildo han modificado las tarifas
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