Juegos calentados… seguridad pública aniquilada.
Lamentablemente -los hechos lo demuestran-, la Dirección de Seguridad Pública de Benito Juárez, – al igual que sus similares de otros municipios-, esta más ocupada en detener y llenar, sus centros de detención, con ciudadanos comunes y corrientes, sobre todo si son clase media, ya sea porque no han pagado la tenencia, ya sea porque son jóvenes y señoritas que hicieron una fiesta juvenil en la casa familiar de cualquiera de ellos ó ellas y la policia municipal los saco de la casa, en un claro allanamiento de morada, ya sea porque tenemos una policia municipal a la que las garantías individuales no valen y lo único que vale son los 1500 pesos de multa que se tienen que pagar por faltas administrativas inventadas ante el Juez Calificador, en lugar de llenar esas mismas celdas con ladrones esquineros, tráficantillos y demás fauna nociva que pulula libremente por toda la ciudad.
Después de meses de protestas en defensa de los Derechos Humanos, reclamos por la independencia del Tíbet y serias dudas por los altos índices de contaminación ambiental, este 8 de agosto pasado, dieron inicio los XXIX Juegos Olímpicos en Beijing, capital política y financiera de China, el milenario país más poblado del mundo, que hizo realidad su sueño e inauguró la justa deportiva de mayor magnitud del planeta.
Los quintanarroenses a la par que millones de televidentes alrededor del Orbe atestiguamos la sutil forma como China gritó al mundo su intención de elevarse al nivel de las grandes potencias con una memorable fiesta de inauguración, que culminó con el encendido del pebetero que, como si se tratara de una metáfora, que ardió con una furiosa llama después de que el chino Li Ning, triple medallista olímpico en Los Ángeles, lo encendió alzado por el aire, sujeto con cables y tras dar una vuelta olímpica arriba de los 91 mil espectadores reunidos en el estadio nacional de Pekín.
Culminando el fuego olímpico una azarosa trayectoria que inicio en abril pasado en Atenas, al arropar en una flama, en el marco de una milenaria ceremonia, la energía de vida que nos envía el Dios Sol, iniciando la flama un accidentado camino transcontinental, alimentado en la mayoría de sus tramos por el calor que le emitieron las protestas de organizaciones de la Sociedad Civil Internacional que al paso de la llama manifestaron reclamos en torno al Tíbet, la censura, el respeto a los Derechos Humanos y la inconsciente depredación ambiental persiguieron a la antorcha durante todo su periplo internacional, con fuertes protestas antichinas.
Al gigante asiático le “valieron mangles” los reclamos internacionales que le han dado entre otras cosas el nada honroso titulo de ser el país que mas aporta a la causa del Calentamiento Global, al brindarnos una exhibición de su nuevo poderío económico en estos juegos, en una de las inauguraciones mas fastuosas y espectaculares de Juegos Olímpicos que se tenga memoria.
Con cerca de 60 millones de dólares,- el doble que en Atenas 2004-, que se destinaron para la ceremonia de apertura, millones de televidentes a al par de los casi 100 mil espectadores, que llenaron el Nido de Pájaro, “viajamos” a través de los 5 mil años de historia de la civilización china, pasando por la invención del papel, el desarrollo de la caligrafía, la invención de la pólvora, la gran muralla o la ópera de Pekín.
Durante casi 5 horas, millones de espectadores – en vivo y cibernéticos-, nos olvidamos a medias de las broncas en Irak, las alzas petroleras, los “tesoritos escondidos en las enaguas profundas”, la prevención de contingencias ambientales y la seguridad pública.
Sobre todo en Cancún de Benito Juárez donde la noche del jueves 7, la banda grupera “Greg y sus Cabildos”, llevo a cabo la IX Sesión Ordinaria de Cabido, en “lo oscurito, muy a la discreta y a última hora” en donde el Vicealmirante Miguel Angel Ramos Leal, Director General de Seguridad Pública, Tránsito y Bomberos en lugar de presentar un informe positivo en cuanto a los resultados del municipio en lo que respecta a la responsabilidad del H. Ayuntamiento Benito Juárez 2008-2011 de garantizar la seguridad de la comunidad, se justifico la ineficiencia, en lo que a seguridad pública se refiere, ante la marejada de tormenta, cargada de delincuencia y crimen organizado, que golpea a Cancún de Benito Juárez como nunca antes se había visto.
Cancún en su calidad de motor principal del desarrollo económico de la Zona Norte de Quintana Roo, no escapa a las oleadas de criminales que llegan de todas partes del país a hacer su verano superando “aparentemente” a las corporaciones de seguridad pública adscritas en el municipio.
Estamos de acuerdo que el problema de la inseguridad pública no se circunscribe única y exclusivamente a las policías. La razón de fondo se localiza en las erradas políticas económicas implementadas en el país desde hace 26 años. Esto ha derivado no en un Estado ineficaz, sino en un Estado fallido y la inseguridad pública son los “focos rojos de que algo en el sistema esta fallando”. Tal es la magnitud de la bronca.
Lamentablemente -los hechos lo demuestran-, la Dirección de Seguridad Pública de Benito Juárez, – al igual que sus similares de otros municipios-, esta más ocupada en detener y llenar, sus centros de detención, con ciudadanos comunes y corrientes, sobre todo si son clase media, ya sea porque no han pagado la tenencia, ya sea porque son jóvenes y señoritas que hicieron una fiesta juvenil en la casa familiar de cualquiera de ellos ó ellas y la policia municipal los saco de la casa, en un claro allanamiento de morada, ya sea porque tenemos una policia municipal a la que las garantías individuales no valen y lo único que vale son los 1500 pesos de multa que se tienen que pagar por faltas administrativas inventadas ante el Juez Calificador, en lugar de llenar esas mismas celdas con ladrones esquineros, tráficantillos y demás fauna nociva que pulula libremente por toda la ciudad.
La sociedad se encuentra impactada por la ola de asaltos, secuestros y crimenes que asola al país, un fenómeno creciente que ha saltado a la vista de la opinión pública con especial fuerza tras el plagio y el homicidio del joven Fernando Martí, y que se suma a la cuota diaria de asesinatos y levantones (plagios sin intención de cobrar rescate) ocurridos en el contexto de la llamada “guerra contra el narcotráfico”, hechos que han pasado a ser, por desgracia, parte del mapa informativo cotidiano.
Esta circunstancia no sólo evidencia, como lo han apuntado ya diversas organizaciones civiles y como lo percibe la población en general, un resquebrajamiento a escala nacional de los mecanismos de impartición de justicia y de combate a la delincuencia; revela, además, el desinterés que durante años han tenido los responsables de la seguridad pública para atacar a fondo esta problemática, por más que ahora se pretenda colocarla en el centro de la agenda política.
El Estado ya sea en su nivel Federal, Estatal ó Municipal, tiene la obligación de garantizar seguridad a su población. Por ello, las autoridades se encuentran facultadas para perseguir, capturar y presentar ante instancias judiciales a quienes infrinjan las leyes y violenten el estado de derecho. Sin embargo, las expresiones criminales y la violencia que en muchas ocasiones es inherente a estas acciones no surgen de manera espontánea y difícilmente se les puede combatir cuando las causas que les dan origen permanecen intactas. En las últimas dos décadas, la sociedad ha asistido al arranque y la consolidación de un modelo de gobierno que, entre otros efectos, ha acabado por desmantelar los mecanismos públicos de bienestar social, ha hundido a amplios sectores de la población en una miseria exasperante, ha generado una carencia sostenida de empleos y ha propiciado el retiro de los apoyos estatales a sectores de suma importancia para el desarrollo de una nación, como son la educación, la salud y la agricultura. No es posible combatir eficientemente un fenómeno social tan complejo como la delincuencia sin atender primero los elementos que lo configuran.
El combate a la delincuencia demanda, en efecto, articulación entre los distintos niveles de gobierno. La unidad en el fin, sin embargo, no implica la unanimidad en los medios, sobre todo cuando éstos han demostrado, como en el caso de las políticas federales, estatales y municipales de seguridad, su falta de efectividad y de sensibilidad hacia los orígenes del problema que supuestamente se pretende resolver.
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