Todo el peso de la Ley a involucrados en licitación de cárcel:
Para aclarar la asignación de obra de ampliación de la cárcel de Cancún, el diputado federal, Gustavo Ortega Joaquín solicitó al Congreso de la Unión emita un punto de acuerdo para que se exhorte al gobierno federal lleve a cabo una investigación para que en caso de que se estuvieran cometiendo ilícitos en contra del patrimonio nacional, así como actos ilegales que beneficien al crimen organizado, que involucren a autoridades de Gobierno, se proceda a aplicar todo el peso de la ley a quienes resulten responsables.
En conferencia de prensa, Ortega Joaquín informó que entregó al presidente de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión Francisco Javier Ramírez Acuña, el documento en el expone lo peligroso del caso y la denuncia hecha a través de distintos medios de comunicación, el lunes pasado, quienes dieron a conocer que el gobierno del estado habría asignado la construcción de la penitenciaría a un familiar de varios integrantes de una de las organizaciones criminales más grande del país.
De acuerdo a lo publicado por medios de comunicación nacionales, la ampliación de la cárcel esta en manos de Luis Carlos Carrillo Cano, quien es sobrino de Vicente Carrillo Fuentes, líder del cártel de Juárez y hermano de Ricardo y Alfredo Carrillo Cano, ligados a delitos como lavado de dinero, extorsión, secuestro y homicidio.
“En caso de que lo denunciado resultara cierto, no solamente se estaría financiando con recursos públicos federales a una de las bandas criminales más peligrosas del país, sino que estaríamos proporcionando información privilegiada, como son planos, que podrían poner en riesgo, no sólo la seguridad de las instalaciones, sino que podría prestarse a permitir alguna fuga en el futuro”, se lee en el escrito que entregó el legislador panista a Ramírez Acuna con fecha del 12 de enero de 2010.
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